La República   31/07/08                       Eduardo Carhuaricra Meza (*)

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El crecimiento económico y la exportación en el Perú están sostenidos principalmente en la minería y el alto precio de los minerales. Por ello, el canon y la regalía se han convertido en fundamentales fajas de transferencia de una mínima parte de los beneficios mineros hacia unos pocos gobiernos regionales y locales del país, en cuyos territorios se vienen extrayendo estos recursos agotables, acelerando la extrema pobreza causada por los altos grados de contaminación urbana y el deterioro mortal del agua y tierra agrícolas.

Por ello, es indispensable tener presente el historial de la normatividad del canon en este proceso de descentralización. En la Constitución de 1993, reformada por una ley en 1995, se señala: “…Corresponde a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon”.

En el periodo dictatorial de Fujimori, luego de 1993, se reguló la aplicación del canon prácticamente mediante reglamentos y DS. En el Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua se aprobó la Ley 27506, Ley del Canon, publicada el 10/7/01, que definió el canon basada en la Constitución de 1993 y juntó en una sola norma el canon petrolero, forestal, minero, gasífero, pesquero e hidroenergético.

La principal virtud de esta ley es que amplió el canon del 20 al 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas extractivas para que sea distribuido a los departamentos y municipalidades, pero su principal defecto fue el factor de densidad demográfica que se consideró en su distribución. Este último generó que distritos como San Isidro o San Borja sean receptores del canon en mayor cuantía que pueblos propiamente productores como Oyón o Huarochirí en el caso del departamento de Lima. Sin embargo, este defecto fue corregido por el Congreso (2001-2006), mediante su Comisión de Energía y Minas, efectuándose hasta dos modificaciones con el objetivo de quitar el factor de densidad demográfica, priorizar las zonas productoras y, por primera vez, considerar en la distribución del canon a las municipalidades distritales y universidades públicas del interior del país.

También aquí comenzó el laberinto de las modificaciones diversas del Reglamento de la Ley del Canon, dos veces en el 2002, una vez el 2003, dos veces en el 2004, y otras al agrado de los ministros y funcionarios que desfilaron por el Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, lo que recientemente han generado conflictos y justos reclamos, como lo sucedido en Moquegua.

Entre las tareas inmediatas entorno al canon está el de corregir esta distorsión en la Reglamentación y prevenir futuros conflictos, tal vez ya no entre departamentos como Tacna y Moquegua; sino entre provincias o distritos de un mismo departamento. Así mismo, es necesario que el Congreso modifique la Ley del Canon en la perspectiva de mejorar su utilización en el desarrollo local y regional, contribuyendo a desatar nudos o superar “cuellos de botella” en la gestión pública descentralizada.

Con urgencia está planteado que la Ley del Canon autorice a los alcaldes y presidentes regionales que estos fondos se destinen no solo para proyectos de inversión, sino que deben ser también para proyectos de desarrollo de capacidades locales y para el equipamiento y modernización de las entidades que promueven y lideran el desarrollo local y regional.

Igualmente, la ley debe modificarse para cumplir lo que manda la Constitución y dejar en claro que el canon no solo significa el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas que explotan los recursos naturales, sino que también significa otros ingresos como un porcentaje del Impuesto a la Renta de quinta categoría que pagan los trabajadores de las mismas empresas, un porcentaje del Impuesto a la Renta de 4ta. Categoría que pagan los proveedores de las empresas mineras, un porcentaje del Impuesto a la Renta de tercera categoría que pagan las empresas contratistas o especializadas que trabajan para estas empresas que explotan los recursos naturales.

Finalmente, asumiendo el justo reclamo de muchas municipalidades que no reciben ningún tipo de canon ni regalía porque en su territorio no está en explotación ningún recurso natural –aun cuando en estos mismos lugares se reflejan altos niveles de pobreza – se propone modificar la Ley del Canon para que el otro 50 % del Impuesto a la Renta que pagan las empresas y que se queda en la caja fiscal, sea distribuido como canon a las provincias y departamentos que hoy no lo reciben.

(*) Ex alcalde de la provincia de Pasco.