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Mientras que la atención política de nuestro país se centra en las confrontaciones entre el gobierno y la oposición ceñida a los dimes y diretes en las redes sociales. Las empresas mineras y de hidrocarburos incumplen las leyes ambientales y nadie parece importarle.

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Foto: La Rpública

Procesos e infracciones. En medio de una institucionalidad ambiental cada vez más debilitada, hay empresas con mayor cantidad de resoluciones de sanción y procesos pendientes por haber incurrido en faltas en esta área. Además, un grupo de empresas mineras buscan afectar la fiscalización a través de distintas demandas. Lo curioso es que la mayoría de ellas también han sido sancionadas por incumplir la normativa ambiental.

Dánae Rivadeneyra 
Utero.pe

Es cuestión de sentido común. Durante su trabajo habitual, las empresas mineras tienen permitido emitir cierto porcentaje de elementos químicos  (plomo, arsénico, zinc, etc.) en cantidades mínimas que no afecten ni a las personas ni al ambiente que los rodea.

Pero el sentido común no es suficiente. Se necesita un instrumento que sirva para medir este porcentaje. Ese instrumento, en nuestro país, es el Límite Máximo Permisible (LMP). Sin embargo, a la luz de información obtenida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se ha podido comprobar que la mayoría de empresas incumplen y exceden los LMP.

Este exceso del LMP es solo una de las muchas faltas en las que distintas empresas han incurrido, según las resoluciones de sanción por incumplimientos detectados por el OEFA. En total, se trata de 363 empresas de los más diversos sectores. Quienes se disputan la mayor cantidad de sanciones son las empresas del sector minero y de hidrocarburos.

Esta información, de carácter público, se encuentra almacenada en el Registro de Actos Administrativos del OEFA. Sin embargo nunca había sido ordenada de manera tal que pudiera otorgar un panorama general del cumplimiento y la fiscalización ambiental en el Perú. De acuerdo con el registro del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA –la última instancia administrativa–, actualizado hasta el 15 de octubre del 2014, la empresa minera Volcan es la que tiene el mayor número de resoluciones de sanción. En total, 34.

En segundo lugar aparece Pluspetrol Norte, con 15 resoluciones firmes. Luego, la Compañía Minera Ares con 14 resoluciones. En cuarto lugar empatan Doe Run Perú, Petroperú y Santa Luisa con 11 sanciones. En quinto lugar, la empresa Minera Los Quenuales y Raura S.A. con 10 sanciones (Ver cuadro).
La mayoría de sanciones se debe a la falta consistente en no brindar información (212 veces). La segunda más recurrente tiene que ver con el LMP: incumplimiento del LMP en efluentes. En total esta falta se repite 184 veces. Le siguen el Incumplimiento de Normas de Protección Ambiental (168 veces) e Incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental (138).

SIN LÍMITES

Exceder los LMP no es otra cosa que emitir una cantidad de gases superior a lo establecido, ya sea en cuerpos de agua o en superficies terrestres. Por ejemplo, en el caso de Volcan, el incumplimiento de los LMP se ha repetido 26 veces a lo largo de los últimos cuatro años. Pero, tal vez, lo más preocupante es que, en varios casos, esta falta se ha cometido en los mismos lugares.
Seis de los incumplimientos se han producido sobre la misma unidad minera, en Carahuacra, Junín; cinco en Cerro de Pasco; cinco en Andaychagua, Junín; cinco en San Cristóbal, Junín; cuatro en Ticlio; y uno en San Cristóbal en Cajamarca.

Al respecto, César Ipenza, especialista en temas ambientales y mineros, señala que una falta ambiental que se produce de manera repetitiva y sobre el mismo lugar debería llamar la atención del organismo fiscalizador, o sea el OEFA, y tal vez llevarlos a evaluar la calidad del aire del lugar impactado.

–Eso debería encender las alarmas porque se estaría hablando de un mismo lugar que recibe la misma presión –explica Ipenza–. Por algo se ponen los límites, no vas a estar superándolos todo el rato. Las empresas han asumido cumplir con esos estándares, si no los pueden cumplir es porque no están haciendo bien su trabajo o sus equipos no están funcionando correctamente.
En algunas de las resoluciones de la Dirección de Sanción y Fiscalización del OEFA, Volcan se defiende señalando que el exceso no ha producido un daño ambiental y que, por tanto, no deberían ser objetos de sanción. Sin embargo, Carol Mora, especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), puntualiza:

–Por más que se trate de un exceso mínimo, desde el punto de vista ambiental, cuando estos efectos se ven de manera acumulada, se puede ver la presión y el impacto sobre determinada zona –señala–. No puede haber excepciones.

Además, Sandra Rossi, procuradora del OEFA, explica que “la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, ya ha establecido que el incumplimiento del LMP causa daño en el ambiente”.

Nos contactamos con representantes de Volcan para obtener, directamente, su versión. No obtuvimos respuesta.

EL INCUMPLIMIENTO ES NORMA

El exceso de LMP no es la única falta. Veamos el caso de la empresa de hidrocarburos Pluspetrol Norte, que ocupa el segundo puesto con 15 resoluciones de sanción del Tribunal Forestal del OEFA.

En esta empresa –cuya concesión sobre el lote 8 se extiende hasta el año 2025 y aquella sobre el lote 1AB, hasta agosto del próximo año–, la mayor cantidad de faltas se debe al incumplimiento de las normas de protección ambient+al. Por esto tiene seis resoluciones de sanción. Aquí, llama la atención que cuatro de estas faltas se hayan producido sobre la misma unidad ambiental: el Lote 1AB.

Uno de los últimos casos más emblemáticos de Pluspetrol Norte fue el derrame de petróleo en la Laguna Shanshococha, que originó una masiva movilización de las comunidades quechuas de la cuenca del río Pastaza, al norte de Loreto.
Consultada al respecto, Pluspetrol nos alcanzó una carta de respuesta:

“Es importante recalcar que en ninguno de los casos citados, se ha sancionado a la empresa por afectaciones al medio ambiente. Pluspetrol es la operadora de hidrocarburos más grande del Perú, que produce el 39% del petróleo y el 95% del gas del país. De esta manera, no es de extrañar que tengamos procesos abiertos donde las autoridades comprueban la eficiencia de nuestras operaciones”.

Pero esto no es lo único. Pluspetrol Perú Corporation, la otra empresa del grupo, tiene 5 resoluciones de sanción, aparte de las 15 de Pluspetrol Norte. En su caso, la falta más recurrente es el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental, que se repite tres veces, seguido del incumplimiento de las normas de protección ambiental, que figura dos veces.
Los casos de Volcan y Pluspetrol no son únicos. Algunas de las más importantes empresas de minería e hidrocarburos como Los Quenuales de la Corporación Glencore Perú o incluso Petroperú –que no pertenece al sector privado– figuran en el top del ranking. Esto llama la atención sobre todo cuando, como señala Ipenza, se está experimentando algo muy similar a un debilitamiento en la legislación.
–En este país todo puede pasar –dice el especialista–. Esto ya ha ocurrido antes, cuando el Ministerio del Ambiente redujo los estándares de calidad de aire (ECA) y terminó favoreciendo a  Southern y Doe Run.

Por cierto, Doe Run Perú –que se encuentra en un proceso de liquidación– tiene 11 resoluciones de sanción. En su caso, el incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental es el que más se repite: 4 veces.

No obstante, aquí no acaba todo. Si las empresas no están de acuerdo con las sanciones (multa incluida) impuestas por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, pueden recurrir al Poder Judicial para apelar esta decisión. Pero ese es otro cantar.

CONTRA EL APORTE POR REGULACIÓN

En junio del 2014, un grupo de empresas mineras demandó al OEFA ante Indecopi y el Poder Judicial para evitar pagar el aporte por regulación (APR). Este concepto, que recién se empezó a cobrar a partir del año pasado, para el sector minero, es un mecanismo novedoso que, de acuerdo a estimados del OEFA, debe generar S/. 42 millones para implementar las acciones de fiscalización y que estas se puedan realizar de manera constante e imprevista. Es decir, fortalecer esta función.

Las mineras decidieron atacar en tres frentes: cuatro lo hicieron ante Indecopi, 32 presentaron acciones de amparo cuestionando la legalidad del APR (10 de estas acciones ya fueron desestimadas por el Poder Judicial), y, además, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) presentó una acción popular también cuestionando el aporte.

Una carta de la Defensoría del Pueblo expresó, en su momento, la preocupación por este posible recorte de presupuesto. Sin embargo, hace unos meses, Indecopi falló a favor de las cuatro mineras. El proceso continúa y será la Sala de Defensa de la Competencia quien tome la decisión final.

–El objetivo es ponerle trabas a la fiscalización–, dice Sandra Rossi, procuradora pública del OEFA.

De acuerdo a información consensuada por la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos, y el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, actualizado hasta el 30 de octubre del 2014, 32 de las 36 empresas mineras que cuestionan el APR han sido sancionadas al menos una vez por haber incurrido en faltas ambientales. Además, dos de las mineras que demandaron al OEFA ante Indecopi –la minera Caudalosa y Sociedad Minera Corona– se encuentran entre las diez primeras con más sanciones. El resto de empresas  también tienen un historial de incumplimientos.

La empresa Pan American Silver S.A., de la Mina Quiruvilca, ocupa el primer lugar de la lista de empresas demandantes, con 22 sanciones firmes ¿Los motivos? Haber excedido los Límites Máximos Permisibles en efluentes, no haber cumplido con las recomendaciones de la supervisión, verter directamente al ambiente, sin tratamiento previo, el efluente producido por el lavado de vehículos menores que contienen hidrocarburos, aceites y grasas, etc.

Le sigue la compañía Minera Ares con 19 sanciones firmes también por haber excedido los LMP, no haber impedido que se efectúen derrames de concentrado en el suelo natural del sector, entre otras faltas. En tercer lugar se encuentra Buenaventura con 18 sanciones firmes, otra vez, por haber excedido los LMP en efluentes, “por no haber evitado la dispersión por acción eólica del relave procedente del Depósito de relave”.

Esta información, más allá  de acusaciones contra las empresas sancionadas, debiera ayudarnos a ver el panorama completo de cómo es que viene funcionando la fiscalización ambiental en el Perú, y cómo es que las empresas extractivas responden ante ella.
Queda claro que ante un alto número de faltas ambientales, daños potenciales y reales, urge que la función de control y fiscalización del sector ambiental se fortalezca.

(Investigación realizada gracias al fondo periodístico de la SPDA y CDKN).